En época electoral, el centralismo colombiano suele imponer la idea de que lo que ocurre en las plazas públicas de Bogotá, Barranquilla, Medellín, o Cali representa las prioridades del país entero. Mientras las campañas presidenciales avanzan entre promesas grandilocuentes, estrategias digitales y discursos cada vez más incendiarios, en buena parte de las regiones afectadas por el conflicto armado y la desigualdad, las demandas continúan siendo mucho más básicas así como urgentes.
La seguridad para liderar procesos comunitarios, el acceso permanente al agua potable, oportunidades para jóvenes y presencia estatal más allá de la fuerza pública resurgen cada nuevo año electoral porque todavía no tienen una respuesta definitiva. En un país donde, según el DANE, cerca de 15 millones de personas viven bajo la línea de pobreza monetaria, las discusiones electorales parecen desarrollarse a dos velocidades distintas, la del debate en redes sociales y la de las necesidades urgentes de las zonas de Colombia que han sido relegadas a las periferias del poder.
Tumaco, Apartadó o Santander de Quilichao, son algunos de los lugares de donde recogimos voces de líderes sociales que dan cuenta del ambiente preelectoral. Con diferencias grandes entre regiones, pero algo en común, las elecciones están atravesadas en estos territorios menos por el entusiasmo que por el cansancio acumulado frente a promesas incumplidas, además de la persistencia en las demandas de un cambio basado en las necesidades tan amplias que allí se requieren.
Para Yensis Bolaños Aguirre, psicóloga, sanadora ancestral y lideresa afro de Tumaco, muchas campañas reflejan una profunda desconexión con los territorios. “Hablan de emprendimiento, pero no de que aquí no hay agua 24/7 para montar un negocio”, afirma. Bolaños, integrante de la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia, La Comadre, y de la organización Lengua de Suegra, asegura que las preocupaciones cotidianas siguen siendo la seguridad, el acceso al agua y el empleo juvenil, en medio de amenazas constantes contra lideresas sociales y el control territorial de grupos armados. Su principal exigencia hacia quien llegue a la Casa de Nariño es simple, “Que conozca el territorio sin traductores, que no nos use solo como foto y que deje poder real y presupuesto en las organizaciones de base”. Bolaños hace énfasis también en que si bien reconoce las apuestas que han beneficiado a algunos sectores en los últimos años, no toda la población de su región coincide en este punto.
La sensación de distancia entre las campañas y la vida cotidiana también se percibe en el Urabá antioqueño. Mateo Santero, poeta y DJ de Apartadó, describe una campaña mucho más silenciosa y controlada que en años anteriores. “Antes había más debate público, más discusión. Ahora simplemente se pone la foto del candidato y eso no aporta a la conversación”, señala desde Apartadó. Para él, los discursos centrados en “salvar” el país desde el poder le resultan muy problemáticos porque reducen la complejidad territorial de Colombia, en vez de construir en colectivo. “Colombia no es solo Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla”, insiste. Santero asegura sentirse más cercano a propuestas que hablen del campesinado, de la biodiversidad y de una visión menos centralista ni racista del desarrollo. También valora los liderazgos abiertos al diálogo y a la construcción colectiva, en lugar de proyectos políticos sustentados únicamente en la confrontación con otros sectores.
En el Cauca, la preocupación principal sigue siendo la violencia. No en vano los últimos meses han mostrado al país el letal impacto de la criminalidad en la población civil. Aura María García, joven psicóloga y activista en prevención de violencias basadas en género en Santander de Quilichao, describe el periodo preelectoral como profundamente tenso e incierto.
Las amenazas recientes y la persistencia de actores armados ilegales mantienen a muchas comunidades en estado de alerta permanente. García cuestiona que la respuesta histórica del Estado frente al conflicto haya sido principalmente la militarización. “Mermar la violencia con más violencia solo perpetúa un ciclo que no termina”, afirma. Por eso observa con mayor afinidad las propuestas que hablan de cuidado, educación, salud, medio ambiente y fortalecimiento organizativo. Más que discursos de autoridad, dice valorar liderazgos capaces de reconocer la capacidad de resistencia de las comunidades y acompañar sus procesos sin imponer soluciones externas. “Me generan afinidad las propuestas que piensan al Gobierno no como una entidad externa que llega a salvar comunidades, que las percibe como carentes, sino como un actor que reconoce la agencia de las personas, los saberes, sus procesos organizativos y sus propias formas de construir bienestar”.
Las propuestas y las dudas que generan
En medio de ese panorama, las campañas presidenciales de 2026 intentan ofrecer respuestas distintas a las demandas territoriales. Desde la derecha, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia han centrado buena parte de sus propuestas en el fortalecimiento de la seguridad y el endurecimiento de la respuesta estatal frente al crimen. De la Espriella, ultraderechista, plantea una política de “mano dura” contra estructuras criminales y narcotráfico siguiendo modelos que en América Latina han sido acusados por violar los derechos humanos. Su política de “limpieza inmediata” de instituciones y negociación cero con grupos armados choca con el deseo de los territorios de soluciones sostenidas y la acción sin daño. A su vez, Valencia insiste en aumentar el pie de fuerza, heredado del partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe, y retomar medidas como la fumigación aérea de cultivos ilícitos. En contraste, figuras como Sergio Fajardo y Claudia López han apostado por propuestas centradas en educación, descentralización y fortalecimiento regional, aunque con el foco en una idea de “gerencia regional” por el lado de Fajardo que parece ignorar la complejidad de los problemas sociales que no se resuelven como si fuera una empresa, o López que aunque tiene propuestas estructuradas, ha insistido en la mano dura que tan pocos resultados reales y respetuosos con los derechos humanos se han conseguido. Ademàs, ambos tienen las menores opciones según las encuestas, lo que debilita la viabilidad política de sus propuestas.
Desde la izquierda, Iván Cepeda plantea una “revolución de los territorios” enfocada en ampliar derechos sociales, fortalecer organizaciones comunitarias y priorizar el acceso al agua y la autonomía territorial de comunidades indígenas y afrodescendientes. Con un enfoque de continuismo del gobierno de Gustavo Petro, hay alineación en las políticas que son valoradas por amplios sectores sociales, pero no hay mucha claridad en cómo se aterrizarán esas propuestas, cómo superará las fallas de la administración saliente o qué decisión novedosa se tomará ante el avance de la criminalidad.
Más allá de las diferencias ideológicas entre campañas, la duda común en muchos territorios es cómo se harán viables estas propuestas, con qué presupuestos serán posibles, si habrá coherencia para implementarlas (por ejemplo entre quienes proponen reducir el Estado como De la Espriella), cómo se enfrentará el control armado ilegal y la ausencia estatal que históricamente se ha expresado con militarización, con resultados que en el pasado han producido más violencia. Informes recientes de la Misión de Observación Electoral y de la Defensoría del Pueblo han advertido sobre el impacto de la gobernanza criminal en amplias zonas del país y sobre las amenazas constantes contra líderes sociales y comunidades rurales.
Las demandas que emergen desde las distintas regiones no apuntan a soluciones milagrosas, sino a transformaciones concretas, asì sean paulatinas. Acceso permanente al agua potable, salud mental con enfoque étnico, educación pertinente, fortalecimiento de las comunidades, inversión económica ambientalmente responsable y garantías de seguridad para liderar procesos sociales aparecen como prioridades reiteradas. También existe un reclamo persistente frente al centralismo político, que las decisiones sobre los territorios no se tomen únicamente desde los escritorios en Bogotá, sino con participación efectiva de quienes viven las consecuencias de esas políticas.
Las elecciones de 2026 representan así una prueba para la democracia colombiana y para la capacidad del sistema político de responder a un país profundamente desigual. Mientras en redes sociales dominan los discursos agresivos, la inteligencia artificial y la desinformación, en muchos municipios las comunidades continúan reclamando derechos básicos y reconocimiento. Lejos del espectáculo electoral, la verdadera discusión sigue siendo cómo garantizar la vida, la dignidad y la permanencia de quienes han sostenido históricamente los territorios incluso en medio de la guerra.
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