Consejo de Estado suspende decreto que reducía el salario de los congresistas

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto con el que el Gobierno de Gustavo Petro buscaba reducir el salario de los congresistas mediante la eliminación de la prima especial de servicios para quienes se vincularan al Congreso a partir del 20 de julio de 2026.

La decisión responde a una medida cautelar solicitada dentro de una demanda de nulidad contra el Decreto 0030 de 2026, expedido el pasado 19 de enero. Mientras el alto tribunal resuelve de fondo la legalidad de la norma, esta no podrá entrar en vigor. La eliminación de esta prima, que actualmente equivale a cerca de 16 millones de pesos mensuales, constituía una de las promesas de búsqueda de austeridad del presidente Petro, al reducir uno de los componentes del salario de los congresistas.

El estudio del caso quedó en manos de un conjuez, luego de que los magistrados de la Sección Segunda del Consejo de Estado se declararan impedidos por el impacto que la decisión podría tener sobre su propio régimen salarial. El decreto había recibido varias demandas, en su mayoría hechas por abogados cercanos a congresistas, que buscaban tumbarlo desde que fue expedido. 

El “efecto cascada” y otros argumentos de la decisión

Aunque el decreto se dirigía formalmente a los congresistas, el Consejo de Estado consideró que sus efectos se extenderían a un amplio grupo de servidores públicos cuyos salarios están ligados al régimen de remuneración de los legisladores en virtud de la Ley 4 de 1992.

Entre ellos se encuentran magistrados, jueces y funcionarios de la Rama Judicial, así como servidores de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y otras entidades que comparten ese mismo sistema salarial.

Para el conjuez, disminuir los ingresos de los congresistas “dista de ser una operación desprovista de efectos colaterales”, pues modifica un referente utilizado para calcular la remuneración de numerosos funcionarios públicos. Ese denominado “efecto cascada” fue uno de los principales argumentos para suspender provisionalmente la norma, a pesar de que el gobierno nacional en voces como la del Ministerio de Hacienda o el Departamento Administrativo de la Función Pública argumentaran que no existe ese efecto cascada porque tiene un alcance limitado a los miembros del Congreso y que en todo caso, esta decisión requiere un análisis profundo de pruebas, antecedentes y normas. 

Otro de los ejes de la decisión es la posible afectación de la autonomía de la Rama Judicial, pues en la decisión se alude a que la Corte Constitucional ha sostenido que la independencia judicial no depende únicamente de la ausencia de presiones externas, sino también de garantías institucionales como la estabilidad, la carrera judicial, la suficiencia presupuestal y un régimen salarial especial. Desde esa perspectiva, según la medida, modificar ese sistema trasciende una decisión de presupuestos porque podría comprometer una garantía estructural para el funcionamiento de la justicia.

El Consejo de Estado también advirtió un posible problema de igualdad. El decreto establecía que únicamente quienes ingresaran al servicio a partir del 20 de julio de 2026 dejarían de recibir la prima especial, mientras quienes ya ocupan esos mismos cargos conservarían el beneficio.

Según el auto, esto podría generar una diferencia salarial entre funcionarios que desempeñan las mismas funciones, tienen las mismas responsabilidades y ocupan cargos equivalentes, lo que plantea un eventual desconocimiento del principio constitucional de “a salario igual trabajo igual”  y de las garantías previstas en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

Un debate que supera el salario de los congresistas

La suspensión representa un revés para una de las reformas simbólicas del gobierno Petro en materia de austeridad. Con la eliminación de la prima especial de servicios, el Ejecutivo esperaba reducir cerca de 16 millones de pesos mensuales del salario de los congresistas y generar un ahorro anual estimado en 62.000 millones de pesos.

Sin embargo, el Consejo de Estado determinó que la controversia jurídica trasciende la remuneración de los legisladores y que su salario afecta otros regímenes del Estado. Ahora será el proceso de nulidad el que determine si el Gobierno tenía competencia para modificar ese esquema mediante un decreto o si la medida vulnera derechos protegidos por la Constitución y la ley. 

Mientras tanto, el recorte salarial permanecerá suspendido y la promesa de reducir los ingresos de los congresistas quedará, al menos por ahora, en pausa.

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