La intención del presidente electo Abelardo de la Espriella de posesionarse el próximo 7 de agosto fuera de Bogotá y, eventualmente, en una base militar, abrió uno de los primeros debates políticos del nuevo Congreso. A pesar de que la discusión comenzó como una controversia sobre el lugar de la ceremonia, rápidamente dio pie a una reflexión de mayor alcance ante el significado institucional y simbólico de ver a un presidente asumir la jefatura del Estado civil en una instalación militar.
El Senado ya dio un primer paso para hacer posible el traslado de la ceremonia al departamento del Cauca. La propuesta, impulsada por los aliados del presidente electo y encabezada por el senador Enrique Gómez, obtuvo 55 votos a favor y 32 en contra. Sin embargo, la decisión todavía debe ser aprobada por la Cámara de Representantes. Persiste la incertidumbre sobre el lugar exacto donde se realizaría el acto, pues el texto aprobado no establece expresamente que la posesión ocurra en una base militar y no fue unánime.
Más allá del proceso legislativo, la discusión ha girado alrededor del mensaje que enviaría una posesión presidencial rodeada de militares. En Colombia, donde la transmisión del mando ha sido históricamente una ceremonia de carácter civil, el escenario elegido tiene una carga política que trasciende el protocolo.
Un debate que dividió incluso a la derecha
La propuesta encontró respaldo entre la naciente coalición de gobierno, que logró reunir las mayorías necesarias en el Senado. Sin embargo, las diferencias no se limitaron a la oposición.
Uno de los cuestionamientos más llamativos provino del senador Rafael Nieto, del Centro Democrático, quien anunció que no compartía la posición mayoritaria de su bancada. Durante el debate sostuvo que en un Estado de derecho y en una democracia “el poder militar tiene que estar subordinado al poder civil”. A su juicio, si el presidente electo desea rendir homenaje a la Fuerza Pública, puede hacerlo una vez haya tomado posesión ante el Congreso y luego trasladarse a una guarnición militar.
Desde la oposición también surgieron reparos de distinto orden. La senadora Carolina Corcho advirtió que trasladar la posesión fuera de Bogotá rompe con una tradición republicana y recordó que episodios similares solo han ocurrido en contextos excepcionales, asociados a golpes de Estado o cierres del Congreso.
Por su parte, desde la bancada del Pacto Histórico también cuestionaron los costos logísticos que implicaría desplazar al Congreso, al cuerpo diplomático, equipos de seguridad y a decenas de funcionarios hacia otro departamento. Esto, han señalado, iría en completa contravía del mensaje de austeridad que ha promulgado el presidente electo. A esto se suma otro elemento institucional, pues hasta el 7 de agosto el comandante supremo de las Fuerzas Militares sigue siendo el presidente Gustavo Petro, quien conserva la autoridad sobre el uso de las instalaciones militares y de la Fuerza Pública.
Mientras tanto, el equipo de Abelardo avanza en la organización del evento. Ya fueron extendidas invitaciones, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial de la asistencia de mandatarios extranjeros.
Más que un protocolo
La controversia ha puesto sobre la mesa una discusión de fondo sobre el papel de los símbolos en las democracias constitucionales donde el poder civil tiene un peso tan importante. No solo las leyes e instituciones formales sostienen a las democracias, sino la separación de poderes, así como el respeto a tradiciones y normas no escritas que recuerdan el origen de la autoridad política lejos de las armas.
La posesión presidencial constituye un momento fundacional, pues representa el instante en el que el poder cambia de manos y en el que se hace visible que la legitimidad del nuevo mandatario proviene de la ciudadanía y de las instituciones democráticas. Por esa razón, diversos sectores consideran que el escenario escogido para la ceremonia no es un asunto menor. La preocupación no radica únicamente en el traslado geográfico de Bogotá al Cauca, sino en la posibilidad de que el acto central ocurra en una instalación militar.
La Constitución establece que el presidente presta juramento ante el Congreso de la República, institución que representa políticamente a la ciudadanía. La Fuerza Pública, en cambio, tiene un carácter subordinado al poder civil. Aunque en la ceremonia participan los altos mandos militares, lo hacen junto a los demás poderes del Estado para expresar precisamente esa subordinación al nuevo presidente. Días después tiene lugar otro acto, esta vez en una instalación militar, en el que las Fuerzas Militares reconocen formalmente al jefe de Estado como su comandante supremo.
La diferencia entre ambos momentos no es simplemente ceremonial, como ha indicado el reconocido jurista Rodrigo Uprimny. El primero simboliza que el presidente recibe el mandato de la ciudadanía representada en el Congreso y el segundo refleja que, una vez investido, asume la guía constitucional de la Fuerza Pública. Una vez posesionado, Abelardo de la Espriella como todos los demás presidentes tendría una visita formal a este tipo de instalaciones para presentar su política de defensa, reunirse con la cúpula militar o enviar un mensaje de reconocimiento a quienes integran la Fuerza Pública. En ese escenario ya actuaría plenamente como comandante supremo de las Fuerzas Militares.
El debate que algunos analistas han presentado surge precisamente de la intención de invertir ese orden y las consecuencias de alterar lo simbólico de la transición del poder. Esa posible imagen del presidente rodeado del poder militar resulta problemática porque pone en cuestionamiento la separación entre el poder político civil y la institución respaldada por las armas, uno de los principios fundamentales de las democracias republicanas.
La tradición civil del poder en Colombia
La democracia constitucional se fundamenta en que las Fuerzas Militares y la Policía, indispensables para garantizar la soberanía, la integridad territorial y el orden público, permanecen por debajo y al servicio del poder civil surgido de las elecciones. Esa ha sido una constante en la tradición institucional colombiana.
Mantener visible esa subordinación tiene un significado especial en Colombia, donde la historia reciente ha estado marcada por el conflicto armado y por graves violaciones de derechos humanos en las que han participado integrantes de la Fuerza Pública. En ese contexto, preservar la neutralidad política de las instituciones militares constituye un elemento central para la estabilidad democrática y la convivencia pacífica tan necesaria.
Lo que está en juego entonces es la manera en que se representa el origen del poder del presidente y las formas en que será legítimo su gobierno en el marco democrático. Las democracias del mundo no solo son vulnerables a los cambios en las leyes, sino a las derivas autoritarias que se expresan también en lo simbólico. Por esa razón, la controversia del lugar de la posesión presidencial no se reduce a una discusión sobre logística o protocolo. Se trata de un debate sobre el significado de los símbolos democráticos y sobre la importancia de preservar el principio según el cual las Fuerzas Militares encuentran su legitimidad en el poder civil, y no al contrario.
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